En pleno escándalo por los presuntos amaños de partidos, el fútbol español es ahora noticia por un presunto amaño de elecciones. Sí, de las primeras elecciones sindicales que han celebrado los futbolistas tras las aparición hace poco más de un año de un nuevo sindicato que ponía fin al monopolio de cuatro décadas de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Los resultados finales aún están pendientes de conocer, pues las votaciones celebradas en nueve de los 41 vestuarios de Primera y Segunda división fueron impugnadas y han terminado en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje). Como era de esperar, AFE arrasó en las votaciones, aunque su gran objetivo era que su rival no lograra el 5% necesario para tener representatividad, algo que ahora está en manos del citado SIMA y, por supuesto, de LaLiga, pues un nuevo escándalo podría obligar a la llamada patronal del fútbol quién sabe si incluso a anular las elecciones .

Y es que, según informa este domingo el diario AS, el sindicato Futbolistas ON se ha querellado contra su extesorera, Ana Vila, por sustraer supuestamente información confidencial. Lo más sospechoso es que lo hizo solo un día antes de dimitir, pero lo más más grave sería que lo hubiera hecho a cambio o con la presunta intención de pasársela a los únicos que realmente podían estar interesados en tener acceso a unos archivos en los que se encuentran datos de alrededor de 2.700 futbolistas. Hablamos de un delito relativo al mercado previsto en el artículo 278 del Código Penal por el que están tipificadas penas de cárcel que podrían agravarse si, como denuncia también el querellante, esos datos hubieran sido entregados a AFE, es de suponer que con vistas a sacar provecho en el mencionado proceso electoral.

[¿Amenazas, chantaje, denuncias en comisaría? Las cloacas del fútbol español]

Lo cierto es que, según un informe pericial informático del ordenador que Ana Vila entregó unas horas antes de dimitir, la ex tesorera previamente copió información privilegiada, como contratos, nóminas, datos de facturación y fiscales, que posteriormente podría haber compartido, a pesar de tener firmada una cláusula de confidencialidad. La sospecha de que los hubiera sustraído para hacérselos llegar a AFE se basa en que varios miembros de este sindicato, como Antonio Saiz y Diego Rivas, revelaron, según se asegura en la querella que ha sido admitida a trámite, que conocían datos privados de su competencia que iban a salir a la luz…

De hecho, y según siempre las acusaciones que revela el diario AS, desde AFE podrían haber intimidado a jugadores con derecho a voto, de ahí que su rival en las elecciones haya pedido al juez que llame a declarar como testigos a Rivas y Saiz. Según el Código Penal, la querellada, en caso de pasar a ser investigada por el juzgado de instrucción número 4, se arriesgaría a fuertes multas y penas de cárcel. De dos a cuatro años de prisión por apoderarse de datos secretos de la empresa, y de tres a cinco años por difundirlos, revelarlos o cederlos a terceros. Es decir, ninguna broma.